La lucha contra el fraude mejora un 15,3% su resultado, pero la amnistía fiscal solo logra el 2% de lo esperado

La directora general de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana, ha presentado el avance hasta el mes de julio de los resultados de las actuaciones de prevención y lucha contra el fraude: en los 7 primeros meses de 2012, la cifra presupuestada se ha superado en un 25% hasta alcanzar los 5.838 millones de euros…aunque de momento, la polémica amnistía fiscal tan solo ha conseguido el aflorar el 2% de lo esperado.

La recaudación total vinculada a la lucha contra el fraude, que además de los ingresos anteriores incluye los derivados de declaraciones extemporáneas y expedientes de delito fiscal, ha alcanzado los 6.415 millones de euros, un 15,3% más que en el mismo periodo de 2011.

Más de tres cuartas partes de la cifra global, 4.933 millones de euros, se corresponde con la recaudación directa generada por las actuaciones de control, que aumenta un 33,7% con respecto a las cifras obtenidas entre enero y julio del pasado año. Esta mejora supone ingresar 1.240 millones de euros más por este concepto que en igual periodo del pasado año.

De estos 4.933 millones de euros recaudados en concepto de ingresos por actuaciones de control, un 27,5% derivan de actuaciones de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes.

En el mismo periodo se han registrado unos ingresos por minoración de devoluciones de 905 millones de euros, el 12,2% menos que entre enero y julio de 2011. La razón principal de este descenso es la paralela disminución que se ha producido en el importe de las solicitudes de devolución presentadas por los contribuyentes.

Refuerzo de actuaciones

Estos resultados alcanzados hasta julio en materia de lucha contra el fraude se ven acompañados de un refuerzo de la actividad inspectora, un ámbito en el que de enero a julio se han incrementado un 10,4% las actuaciones con respecto al mismo periodo de 2011.

No obstante, la Agencia Tributaria también ha considerado necesario reforzar aquellas actuaciones de control que realiza con un carácter más extensivo. En este terreno, la actuaciones crecen un 27,8%, destacando muy especialmente la comprobación de las declaraciones de IVA, que aumenta un 47,3%. En paralelo, según señala el comunicado de Hacienda, la AEAT ha logrado mejorar sensiblemente su capacidad para ingresar deudas previamente liquidadas. Entre enero y julio, las actuaciones de recaudación en fase ejecutiva con ingreso se han traducido en más de 3.600 millones de euros, con un crecimiento del 19,9% sobre las cifras obtenidas hasta julio del pasado año.

Al mismo tiempo, y de acuerdo con lo previsto en las Directrices del Plan de Control Tributario de 2012, la Agencia ha llevado a cabo actuaciones inspectoras aprovechando nuevas fuentes de información. En el ámbito internacional, y en virtud de los convenios y acuerdos de intercambio de información suscritos con países que han dejado de tener la consideración de paraísos fiscales (Andorra, Panamá y Bahamas, entre otros), se han efectuado requerimientos de información con respecto a 142 sociedades y 239 personas físicas.

A su vez, desde este mes de septiembre la Agencia Tributaria está recabando información sobre titulares de cajas de seguridad, para lo que ya ha remitido requerimientos a 51 entidades financieras.

Junto a estas actuaciones de captación de información, la Agencia Tributaria comienza a obtener resultados a partir de la explotación de los datos sobre consumo eléctrico, cuyo análisis ha derivado en el inicio de 4.500 actuaciones de investigación sobre inmuebles en alquiler. En algunas áreas geográficas la Agencia Tributaria ha detectado que un 75% de estos arrendamientos no estaban siendo declarados.

También la información sobre el consumo de luz ha llevado a realizar más de 750 visitas a viviendas que se declaran como residencia habitual y que podrían ser realmente segundas residencias. En este caso la inspección ha detectado riesgo fiscal en el 70% de los casos analizados.

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Plan especial contra la economía sumergida

El contexto económico también ha llevado a la Agencia Tributaria a la decisión de establecer un plan especial contra la economía sumergida. Desde la pasada primavera, la Agencia viene desarrollando un programa con más de 12.000 actuaciones presenciales en sectores o áreas de relevancia socioeconómica, que continuará en los próximos meses.

Hasta la fecha, la Agencia Tributaria ha recabado ya información de más de 5.700 actuaciones y, en cerca de un 37% de los casos ha detectado situaciones que considera de riesgo fiscal, lo que se traducirá en actuaciones adicionales. El objetivo de este plan es doble: desalentar la utilización de prácticas de elusión tributaria asentadas durante años en determinados sectores y actividades, y fomentar la concienciación tributaria ciudadana.

¿Y la amnistía fiscal?

La amnistía fiscal regulada en el Real Decreto-ley 12/2012 parece que aún no ha dado los resultados esperados: de los 2.500 millones de euros que se suponía que aflorarían, hasta ahora solo han aflorado unos 50 millones, el 2% del objetivo perseguido. Fuentes cercanas al ministerio se «justifican» defendiendo que cuando se hará uso de la posiilidad de regularizar será cuando esté a punto de terminar (el plazo concluye el 30 de noviembre).

El Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, contemplaba entre sus medidas la polémica amnistía fiscal, que permite a los contribuyentes del IRPF, del Impuesto sobre Sociedades o Impuesto sobre la Renta de no Residentes titulares de bienes o derechos que no se correspondan con las rentas declaradas, podrán presentar una «declaración tributaria especial» (el modelo 750) para «regularizar su situación tributaria», ingresando el 10% del importe o valor de adquisición de los bienes o derechos a regularizar e incorporando la información necesaria que permita identificarlos. Su cumplimiento supone «la no exigibilidad de sanciones, intereses ni recargos«.